La Masonería española bajo la dictadura franquista

Por: Francisco MORENO GÓMEZ.

Qué duda cabe que la etapa más grave en la historia de la Masonería española ha tenido lugar bajo el régimen franquista, tomando como punto de partida de este el 18 de julio de 1936. La represión sufrida ha sido tan exhaustiva y rigurosa que esta Orden iniciática y filantrópica ha quedado en España definitivamente reducida a cenizas, bajo las cuales hoy día sólo puede hallarse un tímido rescoldo que difícilmente sobrepasará ya el nivel de lo testimonial y lo nostálgico, cuando, por el contrario, en Europa o en América esta organización cuenta con millones de adeptos. Insólito, por consiguiente, el caso español.

El franquismo no hizo sino agravar e intensificar la fobia y la saña que los fascismos europeos de los años veinte y treinta habían lanzado ya contra la Masonería. En esa coyuntura europea de quiebra y crisis de las democracias burguesas hay que situar la represión de la Masonería, organización estrechamente vinculada a la democracia liberal. En esta represión, ningún dictador como Franco ha llegado tan lejos en el acoso y métodos empleados, hasta convertir el antimasonismo en un "leit-motiv" de su régimen, bajo la teoría del "contubernio".

Desde la dramatica fecha del golpe militar de 1936 se precipita una vertiginosa cuenta atrás contra los masones y va surgiendo una curiosa legislación antimasónica, reflejo de la obsesión de Franco por este asunto. El 15 de septiembre de 1936 se publicó su primer decreto contra la Masonería, cuyo primer artículo dice así: La Francmasonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley. Todo activista que permanezca en ellas tras la publicación del presente edicto será considerado como reo del crimen de rebelión. Pero en esa fecha, muchos masones españoles habían sido ya fusilados.

Desde comienzos de 1937 la Secretaría Particular de Franco (Delegación de Servicios Especiales) se afanaba por reunir en Burgos, y luego en Salamanca, toda documentación posible sobre logias y masones. En el mes de mayo del mismo año era nombrado Marcelino Ulíbarri director del Servicio de Recuperación de Documentos, cuya sede definitiva estuvo en Salamanca, con el objetivo de reunir un gran fondo documental que permitiera al franquismo llevar a cabo la depuración total de cualquier vestigio de filiación masónica.

De todas formas, antes de cualquier legislación y de cualquier labor depuradora, había comenzado a escucharse el lenguaje de la ametralladora en la España controlada por Franco, desde los primeros días de la sublevación. Desde esos momentos ya pueden observarse en toda la prensa nacionalista toda suerte de insidias contra la Orden masónica y llamadas a su exterminio. En "El Defensor de Córdoba" (21 -8- 1936) lanza proclamas de este tipo: Cordobeses, que sois amantes de San Rafael; cordobeses, devotos de la Virgen de la Fuensanta, declarad la guerra a muerte a los laicos, a los masones, a sus hijuelas y a todos sus adeptos....

Aún con fecha anterior (24-7-1936) leemos lo siguiente en el mismo periódico: Luchemos para formar un solo frente nacional contra los judíos y las logias de masones, contra Moscú y las sociedades obreras de tipo marxista, las llamadas al exterminio son constantes, como esta: Todo va bien, gracias a Dios... Pero el triunfo no será completo, definitivo ni estable, mientras subsista la Masonería en nuestra España. Y para que aquélla desaparezca, ¿qué hacer? Preguntad a Mussolini (2-10-1936).

La cruzada antimasónica revistió, pues, formas desmesuradas desde los mismos orígenes del franquismo. El diario "Arriba", órgano falangista, incitaba a la cruzada de España contra la Política, el Marxismo y la Masonería (27-8-1936). El periódico "Amanecer", de Zaragoza, nos ofrece otro ejemplo similar: Nos parece saludable insistir en el tema de la Masonería. Es tal el daño que esta sociedad perniciosa ha causado a España, que no pueden la Masonería ni los masones quedar sin un castigo ejemplarísimo. Castigo ejemplar y rápido... (19-9-1936). Y ya entendemos lo que significaba el castigo "ejemplar y rápido".

Una de las primeras medidas de los sublevados en 1936 fue el asalto, saqueo, incautación y destrucción de los locales masónicos, al igual que se hizo con centros obreros o del Frente Popular. El franquismo metía en el mismo saco masones y marxistas, conceptos muy dispares entre sí, pero igual de incómodos para un fascismo ascendente. De este modo, el local de la logia Turdetania de Córdoba fue incendiado. El templo masónico de Santa Cruz de Tenerife fue incautado y convertido en sede de Falange. La casa de otra logia en Santa Cruz de La Palma llegó incluso a ser cañoneada. Mientras tanto, cundía una auténtica fiebre incautadora de documentos masónicos por toda la zona franquista, que se remitían rigurosamente vigilados al Servicio de Recuperación de Documentos de Salamanca, a fin de que sirvieran de base para la magna campaña depuradora que se tenía planeada.

Pero antes que cualquier simple depuración, tuvo lugar la más radical de todas, la represión física, es decir, el fusilamiento, sobre todo en el verano de 1936. Algunos de los estudios provinciales recientemente publicados, así como la extensa obra de Ferrer Benimeli, nos arrojan luz sobre esta página sangrienta de nuestra historia. En las grandes matanzas franquistas de 1936 ocuparon lugar cualificado muchos masones, aunque cuantitativamente la represión se cebara en las organizaciones obreras y del Frente Popular. El fusilamiento de masones no esperó a ninguna legislación al respecto. Desde el comportamiento al respecto del fascismo italiano y del nazismo alemán en los años veinte y treinta respectivamente, ya sabían sus homólogos españoles cómo debían actuar a partir del 18 de julio. Ya en la campaña electoral de Gil Robles se habían lanzado insidias contra los masones. Y la propia Iglesia Católica venía echando su parte de leña al fuego, culpando sistemáticamente a la Masonería de cualquier iniciativa laica, liberal o progresista durante la etapa republicana.

La casuística del holocausto de los adscritos a la orden de la libertad, la igualdad y la fraternidad resulta patético. De la logia Helmantia de Salamanca, fueron fusilados 30 masones, entre ellos un pastor de la iglesia evangélica. De la logia Constancia de Zaragoza, perecieron otros 30 afiliados. Del triángulo Zurbano, de Logroño, fusilaron a 15 miembros; del triángulo Libertador de Burgos, a siete, y del Joaquín Costa de Huesca, otros siete. De la logia Hijos de la Viuda de Ceuta, a 17. De la logia Trafalgar, de Algeciras, fueron fusilados 24; de la logia Resurrección, de La Línea, mataron a nueve, a siete los condenaron a trabajos forzados, mientras otros 17 lograron refugiarse en Gibraltar. De la logia Fiat Lux, también de La Línea, fusilaron a tres, que no lograron, como otros, escapar a Gibraltar o a Tánger.

De la logia Vicus, de Vigo, salvo muy pocos que consiguieron la huida, los demás fueron eliminados. Igual suerte sufrieron casi todos los masones de La Coruña, entre ellos el jefe de Seguridad, comandante del Ejército, señor Quesada, y el capitán señor Tejero. La matanza fue igualmente masiva entre los hermanos de la logia Lucus, de Lugo, al igual que los masones de Zamora, gran parte de los de Cádiz, los de las logias de Granada, hasta un total de 54, entre ellos el ilustre oftalmólogo doctor don Rafael Duarte, profesor de la Facultad de Medicina, y su hijo, también doctor. Igualmente fueron asesinados todos los masones de varias logias de Sevilla, entre ellos don Fermín de Zayas, ilustre militar, miembro del Supremo Consejo, y su hijo. En Valladolid fusilaron a 30 de la logia Constancia, entre ellos, al gobernador civil, que era masón. Los ejemplos podrían continuar con otras muchas ciudades y capitales.

Nuestro estudio sobre Córdoba nos permite algunas precisiones más sobre las características de esta represión. En el verano de 1936 fueron fusilados en la capital destacadas personalidades, que se habían distinguido a la vez por su pertenencia a la Masonería y por su relevancia en la política republicana. El 28 de julio mataron al ex diputado de las Cortes Constituyentes Joaquín García Hidalgo, miembro de la logia Turdetania. En agosto sufrieron el mismo trágico fin el eminente médico Manuel Ruiz Maya, de la misma logia, al igual que José Guerra Lozano, que había sido presidente de la Diputación. En septiembre fusilaron al destacado epidemiólogo doctor don Sadí de Buen Lozano, cuyo hermano Demófilo ostentaba cargos directivos en el Gran Oriente Español, hecho que sin duda influyó en la eliminación de Sadí de Buen. Más tarde mataron a otro miembro de Turdetania, Pablo Troyano Moraga, también ex presidente de la Diputación, después que fue denunciado como masón por el cura de su barrio.

Otros masones de la capital se salvaron, porque hubieron de pasar por las horcas caudinas de la retractación, fuertes sanciones económicas y la "conversión" a la Falange. De ello da noticia un informe redactado por el comisario de policía de Córdoba, con destino a las autoridades de Salamanca, que alude a diferentes masones en esta forma: Fueron detenidos don Bernardo Garrido de los Reyes, e impuesto siete meses de arresto por el Ilmo. señor Jefe de O. Público; don Juan Peinado Reyes, industrial, que le impuso la citada autoridad 15 días de arresto, siete mil pesetas de multa y baja en la Presidencia de la Cámara Urbana. Don Rafael Castiñeira Granados, procurador, puesto en libertad poco después de detenido...

No se alude en el informe anterior a otro miembro de Turdetania, Francisco de P. Salinas Diéguez, ex diputado radical, que se adhirió a la Falange en el verano de 1936 y se le vio por Córdoba con los correajes de la Guardia Cívica, después de haber sido multado y haber pasado unos días "en cuarentena". Parecida evolución de circunstancias siguió su compañero de logia Juan Peinado Reyes, que ingresó en la Guardia Cívica, después de haber sufrido multa de siete mil pesetas y prisión de ocho días. El terror que aquellos días se vivía en Córdoba explica suficientemente estas "conversiones".

En la localidad cordobesa de La Rambla fusilaron a Antonio Hidalgo Flores por masón, según dice la sentencia: se le aplica el bando de guerra, porque era masón y tenía una taberna en la que se reunían los extremistas. Con todo, quizá el caso más trágico de la provincia de Córdoba fue el ocurrido en la ciudad de Lucena, donde existía un triángulo masónico con floreciente actividad. Su venerable maestro era Javier Tubío Aranda, a la vez alcalde del Frente Popular, de Izquierda Republicana. Todos los hermanos quedaron detenidos en cuanto se consolidó la sublevación. En la madrugada del 28-29 de septiembre los enviaron a Córdoba capital en un camión, pero en el trayecto dieron "el paseo" al venerable Javier Tubío. A los demás los fusilaron días después en la capital. Eran hombres tachados de liberales y laicos y mirados con gran recelo en una localidad con fuerte definición clerical.

Un caso pintoresco, reflejo de la animosidad antimasónica, ocurrió con un eminente masón cordobés, catedrático de Instituto y diputado del Frente Popular, don Antonio Jaén Morente, que se salvó por hallarse en zona republicana. Pero el Ayuntamiento cordobés se reunió en sesión plenaria y lo declararon hijo maldito de Córdoba.

Por último, para completar el cuadro represivo en Córdoba, que puede presentarse como paradigmático de múltiples holocaustos en toda la zona franquista, conviene referirse a la entrada en Palma del Río de la columna sevillana al mando del teniente coronel Baturone. Rápidamente buscaron al venerable de la importante logia allí instalada (Luz y Prosperidad), don Antonio España Ocaña, pero logró escapar. No así el alcalde republicano José Ruiz Cabrera, que era masón, al que fusilaron públicamente con otros, mientras la prensa sevillana se hacía eco del "nido de masones" desmantelado en Palma del Río.

La legislación fanquista vuelve contra la Masonería el 21 de diciembre de 1938, cuando Franco decretó que todas las inscripciones o símbolos de carácter masónico o que pudieran molestar a la Iglesia católica fueran eliminados de todos los cementerios de la zona nacional en el plazo de dos meses. Para entonces se había consumado ya la que entendemos primera gran etapa en la represión de la Masonería, la del comienzo de la guerra, y que se caracterizó por la máxima severidad, es decir, el fusilamiento. Todavía en octubre de 1937 eran fusilados en Málaga 80 prisioneros acusados de masones, lo cual no quiere decir que todos lo fueran, sino que tal acusación tenía suficiente entidad para cualquier eliminación. Como balance cuantitativo puede asumirse el informe de la asamblea anual de la Masonería, que se celebró en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1937, según el cual todos los hermanos que no habían podido huir de la zona franquista habían sido asesinados.

La Masonería vuelve a quedar incursa en la ilegalidad franquista en la célebre Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, donde, junto con todos los partidos del Frente Popular y sindicatos, se declaran (una vez más) fuera de la ley todas las logias masónicas.

El 1 de marzo de 1940 se dictó la principal ley antimasónica del Régimen, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Las penas iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor. Los masones, aparte de las sanciones económicas, quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo de carácter público. Se establecieron penas de veinte a treinta años de prisión para los grados superiores, y de doce a veinte para los cooperadores. La depuración llegaba a tal extremo que impedía formar parte de un "Tribunal de Honor" a quien tuviera algún pariente masón hasta segundo grado de consanguineidad. Con esa misma fecha quedaba constituido el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, Tribunal que estuvo en vigor hasta la creación del Tribunal de Orden Público en 1963. El de la Masonería fue suprimido el 8 de febrero de 1964.

El 1 de julio de 1941 una orden circular lanzó una nueva campaña de expedientes depuradores que podía afectar a cualquier cargo civil o militar del Estado español, en sus múltiples administraciones, tanto nacionales como provinciales o locales. Nadie quedaba libre de sospecha y el Régimen estaba dispuesto a no dejar impune la menor veleidad comunista o masónica. Según Ferrer Benimeli, sólo en 1942 se sustanciaron 3.699 expedientes, de los que resultaron positivos 924, es decir, la cuarta parte. Ni el propio ejército de Franco quedaba exento de la espada de Damocles de la depuración. Se constituyeron tribunales de honor en todas las armas y en la Guardia Civil, poniendo al frente de los mismos a aquellos jefes u oficiales sin el más leve asomo de sospecha. Por otra parte, el hecho de que en el Servicio de Documentación de Salamanca se acumulan unas 80.000 fichas de supuestos masones (cuando en 1936 no rebasaban la cifra de 5.000) revela las dimensiones de la llamada cruzada antimasónica y la fiebre acusatoria que existió en el seno del Régimen.

Conviene que aludamos a la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, por la incidencia que tuvo en la vida cotidiana de las provincias, y porque con ella comienza la segunda etapa represiva, la de la posguerra, en la que predomina el criterio de la depuración, y ya apenas el fusilamiento, por el simple hecho de la adscripción masónica. Una de las curiosidades de la Ley de responsabilidades era su retroactividad hasta octubre de 1934, contra aquellos que se hubieran opuesto al triunfo del Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave. Esta ley se basaba fundamentalmente en la sanción económica, y afectaba a todos los que fueran o hubieran sido sometidos a expediente judicial, incluso los que ya habían sido fusilados desde el verano de 1936. Y en la aplicación de esta ley se observa una especial saña contra los masones y sus familiares, porque en el caso de los fusilados, eran los herederos los que debían hacer frente a la sanción. Algunas familias, temiendo su ruina definitiva, lograron hacer prosperar recursos procesales para rebajar la cuantía de las sanciones. El Boletín Oficial de cada Provincia se encargaba de ir publicando interminables listas de incursos en la Ley de Responsabilidades. Así consta, por ejemplo, en el Boletín de Córdoba, donde todo masón fusilado en 1936 aparece sancionado con diferentes cuantías, con cargo a sus familiares, que no podían disponer libremente de sus bienes hasta que hicieran efectivo el abono de la sanción. Las sentencias de los Tribunales de Responsabilidades se dictaban igualmente contra masones de paradero desconocido, contra los que se publicaban contínuas requisitorias.

En el sentido plenamente judicial actuaba el ya citado Tribunal Especial para la Represión de la Masonería, que extendía sus actuaciones no sólo a los presentes en el país con antecedentes masónicos, sino también a los que se hallaban en el extranjero. Así, no es extraño encontrarse en el que fue Archivo de los Servicios Documentales de Salamanca sentencias condenatorias contra Martínez Barrio, Jiménez de Asúa, Casares Quiroga y otros, en unos términos pintorescos, aplicándoles el "alias" como a viles delincuentes, como podía leerse en la prensa: Se condena a Diego Martínez Barrio, alias "Verniaud", venerable maestro, soberano, inspector, comendador, gran maestro nacional, a la pena de 30 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta; a Luis Jiménez de Asúa, alias "Carrara", maestro masón de la logia Danton, a 20 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta; a Augusto Barcia, alias "Lassalle", gran maestro, a 20 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta; a Santiago Casares Quiroga, alias "Saint Just", maestro masón de la logia Suebia, a 20 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta.

Respecto a los militares, el criterio de depuración seguido por el Tribunal Especial fue que no debían figurar en los cuadros activos de los Ejércitos los que hubieran servido a la secta, aunque más tarde se hubieran retractado. Uno de los afectados más conocidos por esta normativa fue el general Aranda que, a pesar de su decisiva participación en la guerra a favor de Franco, fue pasado a la reserva, y no logró ser rehabilitado hasta la tardía fecha de 1976, ya con 86 años.

La actuación del Tribunal era tan rigurosa, reflejo de la obsesión antimasónica del Régimen, que a muchos masones se les incoaba doble expediente y se les sometía a doble condena. Por ejemplo, a Gabriel Morón, de Córdoba, ex diputado de las Cortes Constituyentes, que se hallaba en el exilio, fue expedientado por el Tribunal Especial nº 1 en 1951 (Causa 1176/51), después que en 1942 ya había sido sumariado en la causa 113/42. De igual forma, otro destacado masón cordobés, el médico Manuel Ruiz Maya, fue expedientado "post mortem" (lo fusilaron en 1936) en 1950 (Causa 350/50), después de haberle sido incoado también sumario en 1945 (Causa 1005/45).

Las actuaciones depuradoras eran minuciosas y complejas. Condición "sine qua non" para cualquier intento de rehabilitación era el requisito de la retractación. En el Archivo de Salamanca, los expedientes personales anotan cuidadosamente en portada este concepto: "retractado" o "No retractado". Para que la retractación fuese válida debía ser acompañada forzosamente por la denuncia de otros compañeros masones, lo cual hemos podido comprobar. Los retractados mencionan siempre varios nombres de hermanos de la misma logia o taller.

Hemos considerado que la represión antimasónica en su segunda fase, la de la postguerra, atiende fundamentalmente a los antes citados procedimientos depuradores. Pero no quiere decir que no se practicaran ta nbién en la postguerra algunos fusilamientos, de gran impacto, contra ciertos masones que habían pasado la guerra en zona republicana. En 1940 se fusiló en Palma del Río (Córdoba) a un destacado miembro de la logia Luzy Prosperidad, Gumersindo Santiago Páez, él sólo ante el piquete de ejecución, a las ocho de la tarde. Había sido uno de los fundadores de la importante logia en 1913. Pero mucho más sobrecogedor fue el agarrotamiento, también en Córdoba (Puente Genil), del venerable de la logia 18 de Brumario Antonio Romero Jiménez, arrendatario acomodado, capitán honorario de la Legión, íntimo amigo de Queipo de Llano (al que acogió en su casa cuando el movimiento de diciembre de 1930), y amigo también de otros militares africanistas, incluidos Millán Astray y el propio Franco. Dado que Antonio Romero permaneció leal a la República, sus antiguos amigos de armas decidieron aplicar duro castigo al cordobés masón, de tal manera que fue la única víctima a la que aplicó el garrote vil en la provincia de Córdoba en aquellos años. La pena se ejecutó en su propio pueblo, Puente Genil, el 24 de octubre de 1939.

En conclusión, la obsesión antimasónica del Régimen de Franco, con toda su teoría del "contubernio judeo-masónico-marxista", incluso con tintes de cruzada, hay que entenderla dentro del contexto internacional de la evolución de los fascismos europeos y dentro de la gran crisis de la democracia liberal en torno a los años treinta. Los dictadores que emergen entonces consideran ante sí dos flancos adversos que deben eliminar de raíz: por un lado los teóricos de la "libertad, igualdad y fraternidad", defensores de los derechos del individuo, la tolerancia, la libertad de creencias y del sistema democrático, en contra de absolutismos o dictaduras, es decir, los masones y librepensadores; y por otro lado, los movimientos obreros y el espectro del triunfo de la revolución rusa. Contra unos y otros actuaron drásticamente desde Mussolini a Franco, pasando por Hitler. Contra estos últimos se hizo una represión masiva, y contra los masones una represión selectiva, pero no menos cruel. En cualquier caso, España, una vez más, fue diferente, ya que, mientras la Masonería europea reprimida por el fascismo o por el nazismo, logró sobreponerse y rehacerse, no así en el caso español, donde la represión fue tan profunda y tan obsesiva que la vieja tradición liberal y masónica fue aniquilada y desmantelada para siempre. Así, llegamos a la curiosa constatación de que, mientras en la mayoría del mundo capitalista occidental la Masonería mantiene aún una considerable implantación y cierta influencia, con varios millones de adeptos, España aparece como un punto casi en blanco en su contexto occidental, después de cuarenta años de régimen franquista.